Cualquier solicitud de extradición debe incluir elementos de prueba suficientes, reitera Ignacio Mier

·      La colaboración entre Estados no admite presiones ni actuaciones fuera de los cauces institucionales, afirma el presidente de la Junta de Coordinación Política.

El presidente de la Junta de Coordinación Política, Ignacio Mier Velazco, enfatizó que cualquier solicitud de extradición debe cumplir, sin excepción, con los requisitos legales, probatorios y procesales establecidos, pues no basta el señalamiento público ni la difusión de información sin sustento jurídico.

Mier Velazco afirmó categórico que en México vivimos en un Estado de derecho y que la colaboración entre Estados no admite presiones ni actuaciones fuera de los cauces institucionales.

La Cámara de Senadores, aseguró, sostiene que la cooperación internacional debe basarse en la confianza, la legalidad y el respeto mutuo entre Estados, evitando prácticas que vulneren la confidencialidad de los procedimientos o comprometan la integridad de las instituciones.

En un mensaje que compartió en redes sociales, el senador se refirió a la solicitud de aprehensión y extradición de diversas personas por parte del Departamento de Justicia de los Estados Unidos.

Dijo que cualquier solicitud en materia de extradición debe atenderse conforme a lo dispuesto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en las leyes aplicables y en los instrumentos internacionales suscritos por nuestro país, incluyendo el Tratado de Extradición entre México y Estados Unidos, cumpliendo sin excepción con los requisitos legales, probatorios y procesales establecidos.

“La colaboración entre Estados no admite presiones ni actuaciones fuera de los cauces institucionales. No basta el señalamiento público ni la difusión de información sin sustento jurídico; se requieren solicitudes formales, debidamente fundadas y acompañadas de elementos de prueba suficientes”, expresó.

El Estado mexicano, acotó el presidente de la Junta de Coordinación Política, tiene la obligación de garantizar el debido proceso, proteger los derechos humanos y respetar las disposiciones constitucionales, lo que incluye las relativas a la inmunidad procesal de las personas servidoras públicas.

“Que quede claro, México mantiene su disposición para cooperar con los Estados Unidos y con la comunidad internacional; sin embargo, tal como lo ha sostenido la Fiscalía General de la República, esta cooperación se realizará únicamente a partir de solicitudes formales, legalmente sustentadas y dentro del marco jurídico nacional”, subrayó.

“Fuera de estos cauces, asentó el senador, cualquier actuación carece de validez jurídica y es contraria al Estado de derecho. En México la soberanía nacional no se negocia, ni se subcontrata, se respeta”.

 

 

 En el caso de Sinaloa, Ignacio Mier pide ser prudentes antes de emitir algún juicio

·        Las imputaciones de la Fiscalía Federal del Distrito Sur de Nueva York en contra de diversas personas, no tienen sustento probatorio, afirmó

El coordinador de Morena en el Senado de la República, Ignacio Mier Velazco, pidió que en el caso de las imputaciones de la Fiscalía Federal del Distrito Sur de Nueva York en contra de mexicanos deben tener sustento probatorio, “no es solamente un señalamiento, (…) tiene que haber rigor jurídico y rigor en el cumplimiento de los acuerdos bilaterales”.

Asimismo, el senador por Puebla pidió esperar, estar serenos, “no hay que anticipar juicios”.

Agregó que debe ser la Fiscalía General de la República, conforme a la indagatoria, quien establezca que hay pruebas que determinen responsabilidad, si es que existen; “todo lo demás es especular, hay que esperar, hay que tener paciencia, nosotros siempre hemos estado dispuestos, primero, a respetar la ley, y segundo, a hacerlo públicamente. Sin darle vuelta ni torcerlo”.

El senador Ignacio Mier aseguró que hay que esperar el comunicado oficial de la Secretaría de Relaciones Exteriores y el comunicado que emita la Fiscalía General de la República.

“Si hay prueba, se tendrá que demostrar,  ya lo dije, lo informó la Secretaria de Relaciones Exteriores, en la solicitud no encuentra plena prueba, pero en todo caso nosotros, así es el procedimiento en el sistema de justicia mexicano, será la Fiscalía la que lo determina.

 

Propone Carlos Ignacio Mier, mecanismo para garantizar acceso a medicamentos

· En una sociedad que aspira a la justicia social, no es aceptable que una persona vea interrumpido su tratamiento médico por razones ajenas a su voluntad, subrayó.

El diputado Carlos Ignacio Mier Bañuelos, integrante del Grupo Parlamentario de Morena, suscribió una iniciativa que reforma la Ley General de Salud, con el objetivo de establecer un mecanismo de garantía y compensación en caso de desabasto de medicamentos en instituciones públicas del Sistema Nacional de Salud.

En este sentido, el legislador hace referencia que el derecho a la protección de la salud, reconocido en el artículo 4o. de la Constitución Política Mexicanos, implica no sólo la prestación formal de servicios, sino la garantía real y efectiva de acceso a los insumos necesarios para la atención médica, entre ellos los medicamentos.

Agregó que, en los últimos años, México ha avanzado en la consolidación de un sistema de salud con enfoque de gratuidad y cobertura amplia, orientado a reducir desigualdades históricas y a colocar a las personas en el centro de la política pública; sin embargo, indicó que, –como ocurre en todos los sistemas de salud del mundo-, existen retos operativos o en la cadena de suministro de medicamentos, derivados de factores logísticos, regulatorios, de mercado o incluso de fenómenos globales.

Mier Bañuelos, explicó que en México, si bien existen diversas acciones administrativas orientadas a atender situaciones de desabasto, no se cuenta con una regulación integral que establezca de manera expresa un mecanismo de respuesta estructurado que garantice, en todos los casos, la continuidad del tratamiento de las personas”.

El legislador por Puebla agregó que esta ausencia normativa genera incertidumbre y, en algunos casos, obliga a los pacientes a asumir cargas económicas o a interrumpir tratamientos esenciales, con las consecuencias que ello implica para su salud.

Por ello, la presente iniciativa propone la creación de un mecanismo de garantía y compensación en caso de desabasto de medicamentos, cuyo objetivo principal es fortalecer la capacidad de respuesta del sistema nacional de salud ante escenarios de interrupción en el suministro, asegurando que ninguna persona vea comprometida la continuidad de su tratamiento.

El documento detalla que este mecanismo, se estructura a partir de tres elementos fundamentales: en primer lugar, la posibilidad de que la autoridad sanitaria competente determine la existencia de un escenario de desabasto relevante, con base en criterios técnicos y verificables.

Como segundo objetivo, se encuentra la activación de protocolos obligatorios de respuesta por parte de las instituciones públicas de salud, que incluyan medidas como la sustitución terapéutica segura, la adquisición emergente de medicamentos, la redistribución de inventarios o la importación excepcional de insumos autorizados

Finalmente, y como elemento complementario de protección a las personas, se pretende establecer la implementación de medidas de compensación en aquellos casos en que, pese a la activación de los mecanismos institucionales, no sea posible

Toda vez que la compensación “no se plantea como una sanción ni como un mecanismo punitivo, sino como una herramienta solidaria y excepcional orientada a proteger a las personas frente a circunstancias extraordinarias”, siendo el eje central de la propuesta la prevención y la respuesta oportuna, de modo que la compensación opere únicamente como un último recurso cuando dichas medidas no han sido suficientes.

La propuesta, dijo el diputado, “no sólo responde a una necesidad operativa del sistema de salud, sino que fortalece su carácter garantista al incorporar herramientas normativas que permiten una actuación más ágil, ordenada y centrada en las personas”. 

Lo anterior, parte de la convicción de que, “en una sociedad que aspira a la justicia social, no es aceptable que una persona vea interrumpido su tratamiento médico por razones ajenas a su voluntad”, apuntó.